Aumenta la presión policial en Cuba a las puertas del quinto aniversario del 11J
Aumentan detenciones y vigilancia en Cuba antes del 11J; activistas denuncian arrestos, amenazas y huelgas de hambre en varias provincias
Redacción | Julio 2, 2026.
A pocos días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, activistas y organizaciones de la sociedad civil reportan un aumento de detenciones, citaciones y vigilancia policial en varias provincias de Cuba.
Los hechos han sido documentados en La Habana, Artemisa, Pinar del Río, Holguín y Villa Clara, en un contexto de malestar social marcado por apagones y carencias sostenidas.
En La Habana fue detenido el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina cuando se encontraba en el municipio Marianao. Familiares informaron que fue interceptado por una patrulla policial y que, tras su detención, no se ofreció información pública sobre su paradero.
También se reportaron arrestos de miembros del Partido Unión por Cuba Libre en la provincia de Artemisa, mientras se dirigían a una actividad diplomática en La Habana.
Las acciones de control preventivo se extendieron a líderes cívicos. En Pinar del Río, Dagoberto Valdés, coordinador del Centro de Estudios Convivencia, informó haber recibido advertencias relacionadas con sus desplazamientos fuera de la provincia.
En Holguín, el opositor William Tamayo denunció amenazas y restricciones de movimiento impuestas a su núcleo familiar por agentes de la Seguridad del Estado y otros actores vinculados a estructuras de vigilancia.
En Villa Clara, continúan protestas cívicas extremas. El activista Guillermo del Sol mantiene una huelga de hambre en demanda de la excarcelación de personas consideradas presas políticas. En la misma provincia, Leonel Tristá García inició una huelga de hambre y sed tras la revocación de su libertad condicional, luego de un registro domiciliario que sus familiares califican de irregular.
El 11 de julio de 2021 marcó la mayor ola de protestas públicas en décadas en Cuba, con manifestaciones simultáneas en numerosas ciudades del país.
Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones, procesos penales y medidas de control contra participantes y activistas, un patrón que vuelve a intensificarse en fechas consideradas sensibles por las autoridades.
