Más presión sobre la sociedad civil en marzo de 2026
Informe reporta 185 agresiones en marzo de 2026, con aumento de detenciones, amenazas y control estatal sobre la sociedad civil en todo el país
Redacción| Abril 20, 2026.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 185 agresiones contra la libertad de expresión y de prensa en marzo de 2026 en Cuba, cifra superior a las 128 registradas en febrero y a las reportadas en igual mes de 2025. Los hechos ocurrieron en todo el país, con mayor concentración en La Habana.
Del total, 152 casos (82,2 %) correspondieron a la libertad de expresión y 33 (17,8 %) a la libertad de prensa. Estas últimas se concentraron en 17 personas, lo que indica repetición de acciones contra un grupo reducido de víctimas.
Entre las formas más frecuentes se registraron amenazas y agresiones psicológicas (57 casos), detenciones arbitrarias (50) y uso de estructuras estatales para limitar derechos (39). También se reportaron restricciones en el espacio digital, agresiones físicas y reclusión.
Según el informe, las detenciones y las presiones constantes siguen siendo mecanismos centrales para limitar la participación social y el flujo de información.
A esto se suma el uso de procesos legales y administrativos vinculados a opiniones o publicaciones, lo que amplía el alcance de las acciones más allá de operativos policiales directos.
Más de la mitad de las personas afectadas fueron ciudadanos sin militancia política conocida. Entre los motivos más señalados aparecen la participación en protestas (42 casos), acciones de vigilancia continuada (33), represalias por vínculos familiares (15) y publicaciones en redes sociales (12).
Los hechos se reportaron en varias provincias, lo que indica que no se trata de situaciones aisladas. En los registros aparecen como responsables órganos de la seguridad del Estado, la policía, el sistema judicial y entidades de telecomunicaciones, actuando de forma combinada.
Durante el mes también se reportaron situaciones dentro de centros de reclusión, como limitaciones en la comunicación y denuncias de falta de garantías legales.
El informe señala que estas acciones afectan no solo la libertad de expresión, sino también otros derechos como el debido proceso, la movilidad y la privacidad.
En meses recientes se ha mantenido un aumento de reportes similares, en un contexto marcado por dificultades económicas y manifestaciones de inconformidad social en distintas zonas del país.