Fiscalía de Estados Unidos insiste en llevar ante tribunales a Raúl Castro
La fiscalía de Estados Unidos reafirma su intención de llevar a Raúl Castro ante una corte federal por el derribo de avionetas civiles ocurrido en 1996
Redacción| Mayo 29, 2026.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el jueves 28 de mayo de 2026 que el Departamento de Justicia mantiene su intención de lograr la comparecencia judicial de Raúl Castro Ruz ante una corte federal estadounidense.
Blanche afirmó que la acusación presentada no responde a una acción simbólica ni política, sino a un proceso judicial iniciado con el objetivo de que el acusado enfrente un juicio ante un jurado.
Según explicó, el gobierno estadounidense buscará que Castro comparezca “por voluntad propia o por otros medios legales”.
La acusación fue aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril de 2026 y hecha pública el 20 de mayo del mismo año en Miami.
El expediente judicial incluye cargos por conspiración para asesinar ciudadanos de Estados Unidos, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de asesinato relacionados con la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
De acuerdo con el documento judicial, las posibles sanciones contempladas en la legislación estadounidense para esos cargos incluyen cadena perpetua o pena de muerte, en caso de una eventual condena.
El proceso tiene su origen en los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas civiles Cessna 337 de la organización Hermanos al Rescate fueron derribadas durante una operación aérea realizada por fuerzas militares cubanas, en un área que investigaciones estadounidenses consideran aguas internacionales del estrecho de Florida.
En la misma causa fueron imputados varios exmilitares cubanos. Uno de ellos, antiguo piloto de la fuerza aérea, se encuentra detenido en Estados Unidos tras declararse culpable de falsear información migratoria, y podría aportar testimonio en el proceso judicial.
El gobierno cubano rechazó públicamente la acusación. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó el proceso como una acción sin sustento jurídico, mientras que autoridades estatales organizaron actos oficiales de respaldo al exgobernante.
Cuba y Estados Unidos no mantienen un tratado de extradición vigente, lo que introduce incertidumbre sobre la comparecencia del acusado. No obstante, el Departamento de Justicia reiteró que los procesos por muertes de ciudadanos estadounidenses continúan activos mientras no exista resolución judicial definitiva.
